Los caminos públicos: amenazas a un patrimonio fundamental de nuestra historia y nuestro presente

Los caminos han sido un elemento esencial en la historia de la humanidad. Sin ellos no habría sido posible la comunicación entre pueblos, el intercambio de culturas y mercancías, ni el movimiento de ganados. Especial mención merece la trashumancia, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que durante siglos articuló territorios, economías y formas de vida.

En el siglo XX, la expansión de las carreteras y la adopción masiva del automóvil relegaron los caminos tradicionales a un segundo plano. Pasaron a considerarse vestigios del pasado, prescindibles, y el olvido dio paso al abandono y, en muchos casos, a la usurpación. Muchos propietarios de fincas por las que discurren caminos públicos dejaron de verlos como una vía de acceso necesaria y comenzaron a percibirlos como una molestia. La lógica cambió: ya no era el camino el que conducía a la casa, sino la carretera privada hasta la cancela cerrada, accesible solo para unos pocos.

En pleno siglo XXI, en una sociedad cada vez más urbanizada y sedentaria, muchas personas han redescubierto la necesidad de los caminos como vía de conexión con la naturaleza. El senderismo —nombre moderno para una práctica tan antigua como caminar— ha devuelto protagonismo a estas rutas. Quizá ya no sean el medio más rápido para comunicar pueblos, pero siguen siendo una forma privilegiada de encuentro: permiten entablar amistad, conocer a otras personas y disfrutar del entorno mientras se camina.

El problema es que quienes buscan recorrerlos se encuentran con caminos abandonados, intransitables o transformados. Algunos han sido asfaltados; otros, interrumpidos por urbanizaciones, embalses o autovías; muchos han sido directamente privatizados por quienes se han apropiado de lo que es público.

En su mayoría, los caminos públicos son competencia de los ayuntamientos, salvo las vías pecuarias —destinadas tradicionalmente al paso del ganado— cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. Sin embargo, en demasiadas ocasiones ambas administraciones han desatendido esta responsabilidad. Ni siquiera conocen con exactitud qué caminos son de titularidad pública, pues, salvo honrosas excepciones, incumplen la obligación legal de elaborar y publicar inventarios de caminos.

La falta de actuación ante los cierres ilegales es una realidad extendida. Se alega escasez de medios; en otros casos, existe temor a enfrentarse a propietarios influyentes —grandes terratenientes, promotores, banqueros o personas con peso en la vida local—. A ello se suma una normativa insuficiente: España carece de una ley estatal específica de caminos públicos, lo que provoca procesos judiciales largos y costosos, difíciles de afrontar para muchos municipios.

Pero los caminos no son solo vías de tránsito: constituyen en sí mismos un patrimonio histórico de enorme valor. Muchos conservan trazados y estructuras de época romana, andalusí, medieval o moderna, y narran por sí mismos la evolución de nuestro territorio. A su alrededor se articula un valioso conjunto patrimonial: puentes, fuentes, ventas, torres defensivas, descansaderos de ganado, ermitas, cruces de caminos, portadas monumentales, muros de piedra seca… Elementos con siglos —a veces milenios— de historia que deberían ser conservados y protegidos.

Como quijotes contemporáneos, numerosas personas en toda la geografía española se enfrentan a los usurpadores y, en ocasiones, incluso a las propias administraciones que deberían ampararlas. Presentan denuncias, organizan marchas reivindicativas y asumen el riesgo de procesos judiciales, multas o pérdidas económicas. No defienden un interés privado, sino bienes comunes; no protegen una propiedad particular, sino un patrimonio colectivo que pertenece a todos.

Un ejemplo emblemático es el de Felipe Ferreiro (fallecido en 2025), que dedicó su vida a defender la histórica Venta de la Inés, situada en el antiguo Camino Real de Córdoba a Toledo y que aparece en novelas de Cervantes. Su lucha —por él mismo narrada en el documental de Alberto Almansa La Venta de la Inés (una zalagarda)— no solo buscaba preservar un edificio histórico, sino mantener abiertos los caminos que conducen a él, como espacios de encuentro y convivencia. También defendió el carácter público del agua frente a la apropiación privada de arroyos y la restricción de acceso a bienes culturales como las pinturas rupestres del Arroyo de la Ventilla.

Otro ejemplo de esta lucha es la recuperación del monolito del cruce del Monasterio de San Jerónimo, que se encontraba en las cercanías de Medina Azahara e ilustra esta Pieza. Fechado en 1789, desapareció en el año 1992, siendo localizado casualmente en el interior del Real Monasterio de San Jerónimo (Granada), como narra el comic de Rafael Ruiz. Una vez localizado, gracias a las denuncias de la Plataforma «A Desalambrar», el monolito fue recuperado e instalado en su ubicación actual, una de las puertas del Ayuntamiento de Córdoba.

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) constituye un espacio de encuentro para personas y colectivos que defienden los caminos públicos y las vías pecuarias, promoviendo una naturaleza abierta y accesible para todos, basada en el respeto y la conservación del entorno. La PICP celebra cada año el Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos en fechas cercanas a la fecha de promulgación de la Ley de Vías Pecuarias de 1995. En este Día —que este año se ha celebrado el 22 de marzo— organizaciones de todo el país se unen para organizar actividades que recuerden nuestro derecho a utilizar este patrimonio y la necesidad de protegerlo de usurpaciones y agresiones.

Nuestros antepasados nos legaron estos caminos. Gracias a su uso continuado durante siglos, fueron tomando forma y consolidándose como parte del paisaje y de la identidad cultural. Las generaciones futuras tienen derecho a conocerlos y recorrerlos. Para ello, es imprescindible protegerlos hoy.

Manuel Trujillo Carmona y Emiliana Rubio Pérez son, respectivamente, presidente de la Plataforma «A Desalambrar» y miembro de la Junta Directiva de la PICP, y presidenta de la PICP.