Justicia y pueblos indígenas en el Ártico: más allá de la geopolítica y la economía

Durante décadas, el Ártico ha sido representado en el imaginario colectivo como un espacio prístino, remoto y casi ajeno a la historia humana: un territorio de hielo y silencio situado en los márgenes del mundo habitable.

El siglo XXI ha marcado un punto de inflexión. Como consecuencia directa del cambio climático, el Ártico ha pasado de ser percibido como un espacio inaccesible a convertirse en una región crecientemente transitable. El retroceso acelerado del hielo marino, la apertura de nuevas rutas de navegación y el acceso a recursos naturales antes inaccesibles han generado un interés creciente —y, en muchos casos, desbordante— por las oportunidades económicas, estratégicas y militares que ofrece la región. Este renovado interés ha tendido a centrar el análisis del Ártico en su dimensión estatal y geopolítica, desplazando con frecuencia a un segundo plano su dimensión humana.

Sin embargo, esa dimensión humana resulta esencial para comprender el Ártico contemporáneo. Lejos de ser un espacio vacío o intocado, el Ártico ha sido, desde tiempos inmemoriales, un territorio habitado, vivido y gestionado, tanto por las poblaciones indígenas que lo han poblado durante milenios como por dinámicas políticas, económicas y estratégicas más recientes y que hoy lo sitúan en el centro de la agenda global.

Inuits, samis, aleutianos, atabaskanos, gwich’in y numerosos pueblos indígenas de Siberia, entre otros, han desarrollado, a lo largo de milenios, sofisticadas formas de adaptación a uno de los entornos más hostiles del planeta. Sus sistemas de conocimiento, organización social y relación con la naturaleza forman parte indisociable de los ecosistemas árticos.

El llamado encuentro con exploradores y colonizadores procedentes de otras latitudes —especialmente entre los siglos XVIII y XX— tuvo consecuencias profundamente traumáticas. El colonialismo, la introducción de enfermedades desconocidas, la desposesión territorial y las políticas de asimilación forzada provocaron la ruptura de estructuras sociales, culturales y lingüísticas. La conquista del Ártico, simbolizada por gestas como la supuesta llegada de Robert E. Peary al Polo Norte en 1909, se apoyó en una concepción jurídica que consideraba estos territorios como terra nullius, ignorando deliberadamente la presencia y los derechos de las poblaciones indígenas que los habitaban.

Frente a esta historia de marginación, en la región se da una experiencia notable en términos de gobernanza inclusiva: el Consejo Ártico (Arctic Council) es el único foro internacional en el que las organizaciones que representan a las poblaciones indígenas de la región participan como «Participantes permanentes». Este estatus les otorga el derecho a sentarse en la mesa de decisión junto a los ocho Estados árticos, intervenir en los debates y contribuir activamente a la elaboración de políticas y recomendaciones, aunque sin derecho de voto formal. Se trata de un modelo sin precedentes en otros contextos regionales o globales y constituye un reconocimiento explícito de que los pueblos indígenas no son meros grupos afectados por las políticas árticas, sino actores políticos con legitimidad propia.

Este reconocimiento adquiere una relevancia particular en el contexto actual de cambio climático acelerado. El Ártico se está calentando a un ritmo muy superior al de otras regiones del planeta, lo que está transformando de manera radical los ecosistemas y las condiciones de vida. El adelgazamiento y la desaparición del hielo marino afectan directamente a especies clave y alteran cadenas tróficas enteras. Para las poblaciones indígenas, cuyos modos de vida están estrechamente vinculados a estos ciclos naturales, estos cambios tienen consecuencias que van más allá de lo económico: inciden en la cohesión social, la transmisión cultural, la salud física y mental y el sentido mismo de pertenencia al territorio.

A estos impactos se suma el aumento de la actividad humana en la región. La extracción de petróleo, gas y minerales, el incremento del tráfico marítimo y el desarrollo del turismo polar intensifican la presión sobre un entorno extremadamente frágil. Aunque estas actividades pueden generar ingresos y empleo, también plantean importantes desafíos ambientales y sociales, especialmente cuando se desarrollan sin una participación efectiva de las comunidades locales. En este contexto, no es infrecuente que los grandes proyectos extractivos e, incluso, los vinculados a la transición energética, sean percibidos por las poblaciones indígenas como nuevas formas de green colonialism, cuando priorizan objetivos globales sin atender adecuadamente a las realidades locales.

En el centro de estas dinámicas se sitúa una cuestión fundamental: la justicia. Para las poblaciones indígenas del Ártico, los profundos cambios que atraviesa la región —derivados del cambio climático, la intensificación de actividades extractivas y la reconfiguración geopolítica— plantean retos que afectan simultáneamente a cuatro dimensiones de la justicia: distributiva, intergeneracional, procesal y de reconocimiento.

En relación con la justicia distributiva, muchas comunidades indígenas soportan de manera desproporcionada los costes ambientales y sociales del desarrollo (degradación de ecosistemas, pérdida de territorios de caza o pastoreo, riesgos para la salud), mientras que los beneficios económicos —como los ingresos o el empleo cualificado— suelen concentrarse fuera de las comunidades locales o incluso fuera de la región.

La justicia intergeneracional, por su parte, hace referencia a que para las poblaciones indígenas —cuya identidad cultural está estrechamente vinculada a la transmisión intergeneracional de conocimientos, prácticas y relaciones con la naturaleza— la degradación del entorno no solo amenaza medios de subsistencia actuales, sino también la continuidad misma de sus pueblos como comunidades culturalmente diferenciadas.

Respecto a la justicia procesal, la ausencia de mecanismos efectivos de participación, consentimiento y codecisión erosiona la confianza en las instituciones y debilita la legitimidad de las políticas adoptadas, incluso cuando estas persiguen objetivos ambientalmente loables, como la transición energética.

Finalmente, la justicia de reconocimiento plantea el respeto y la valoración de las identidades, culturas, sistemas de conocimiento y formas de vida de los pueblos indígenas.

Todo ello acontece, además, en un contexto internacional marcado por la crisis del orden liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Principios estructurales del Derecho Internacional contemporáneo como el de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad soberana o la libre determinación de los pueblos, entre otros, se ven crecientemente cuestionados por dinámicas autoritarias y mercantilistas, visibles también en el Ártico, como ilustra el debate en torno a Groenlandia en el marco de las políticas expansionistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El Ártico no es un escenario geopolítico aislado ni ajeno al resto del planeta. Lo que allí ocurre —el deshielo acelerado, la presión sobre ecosistemas frágiles, la búsqueda de recursos, la reivindicación de justicia social— anticipa dilemas que afectan al conjunto de la humanidad. Así, la región actúa como un espejo: refleja los límites de nuestros modelos de poder y desarrollo y nos obliga a repensar nuestra relación con la naturaleza, con los pueblos que la habitan y con las generaciones futuras. 

Elena Conde Pérez es profesora titular (acreditada de catedrática) de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, directora del Diploma UCM en Estudios Polares e Investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Para saber más:

Conde Pérez E. 2021. Las poblaciones indígenas del Ártico: realizaciones de su derecho de libre determinación, Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, vol. XX, Tirant lo Blanch, pp.157-186.

Conde Pérez E. 2025. El futuro de la Unión Europea en el Ártico: retos de sostenibilidad social y consentimiento en la transición energética, Revista General de Derecho Europeo, 65: 186-221.

Conde Pérez E. 2025. Voces del Ártico y ambiciones de la Unión Europea ante una nueva política para la región ártica: una prueba de legitimidad, blog del ICEI

Proyecto H2020 JUSTNORTH, 2020-2023. Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies, JUSTNORTH fue un proyecto europeo de investigación financiado por Horizonte 2020, coordinado por la Universidad de Uppsala (Suecia) y desarrollado por un consorcio de 17 centros de investigación, entre ellos la Universidad Complutense de Madrid a través del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Elena Conde dirigió el Grupo de Trabajo 6 (WP6) dedicado a identificar cómo introducir criterios de justicia en los marcos regulatorios del Ártico como base de la sostenibilidad. El proyecto culminó con la elaboración de un Informe de Recomendaciones para una Política Ártica integrada de la Unión Europea, cuyo resumen, realizado por la autora de la Pieza para The Conversation, está disponible en  «Por un Ártico más justo y sostenible en la era del cambio climático» (2023).