Inseguridad alimentaria en comunidades salvadoreñas: la doble carga de la malnutrición

Durante la celebración de la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 1996 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) definió por primera vez el concepto de Seguridad Alimentaria como el escenario en el que “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos suficientes inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias para garantizar una vida activa y saludable”.  A pesar del tiempo transcurrido, el derecho a la alimentación no está universalmente garantizado y de hecho, uno de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 es erradicar todas las formas de malnutrición en el mundo.

Aunque la situación actual permitiría producir los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de toda la población mundial el informe FAO sobre Seguridad Alimentaria de 2019 reporta que aproximadamente 2.000 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o severa en el mundo. Esto significa que su alimentación es deficitaria en términos de cantidad, variedad y calidad, lo que conduce a una condición nutricional adversa.  Aquí cabe señalar que la inseguridad alimentaria contribuye a conocida doble carga de malnutrición, ya que provoca tanto desnutrición como obesidad a consecuencia de la ingesta de alimentos baratos, que suelen ser saciantes, de alta densidad energética pero de escaso valor nutricional.

Con financiación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Grupo de Investigación EPINUT analizó la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población escolar de las comunidades humanas asentadas en la región del bajo Lempa (Tecoluca, El Salvador).  Esta es una región rural y costera, cuya actividad económica se encuentra centrada en el sector primario, el cual, se ve amenazado por la regularidad de las inundaciones que se producen como efecto combinado de fuertes lluvias, mareas y desbordes de ríos. También cabe destacar que fue poblada hace relativamente poco tiempo, ya que las comunidades actuales se establecieron tras la finalización del enfrentamiento bélico con la firma de los Acuerdos de Paz (1992), por la que el Gobierno de El Salvador y la Comunidad Económica Europea compraron tierras en varios municipios para entregarlas a las familias de los excombatientes, de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y otros repatriados y desplazados del conflicto mediante el Plan de Transferencia de Tierras.

Con el propósito de sintetizar en una sola cifra la situación de malnutrición y teniendo en cuenta que en un mismo sujeto pueden coexistir diversos tipos de esta de manera simultánea, se calculó el Índice de Fracaso Antropométrico Extendido o ECIAF por sus siglas en inglés (Extended Composite Index of Anthropometric Failure) en una muestra de 660 escolares entre 5 y 16 años. Dicho índice permite identificar aquellas situaciones nutricionales que guardan relación con el exceso de peso y su eventual combinación con el crecimiento retardado o la desnutrición crónica.

Se estimó el nivel de seguridad alimentaria de 151 hogares a través de la Encuesta de Percepción de Seguridad Alimentaria (EPSA). Dicha encuesta consta de un total de 12 preguntas que hacen referencia a la disponibilidad de recursos económicos, a la alimentación de los adultos y de los menores durante los últimos 30 días. Además, permite clasificar a los hogares en cuatro categorías diferentes: hogar con seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve, moderada o grave.

La prevalencia de fracaso antropométrico fue del 36,3%, fundamentalmente por una elevada proporción de individuos con sobrecarga ponderal (sobrepeso y obesidad) (24,5%) y desnutrición crónica o baja estatura para la edad (6,3%).  Se constató que 6 de cada 10 hogares vivían bajo condiciones de inseguridad alimentaria y uno de cada 4 en inseguridad de tipo severo. En los últimos treinta días previos a la encuesta, el 28% de los adultos y el 11,9% de los menores omitieron alguna de las comidas principales por falta de alimentos.  El 21% de los primeros y el 13% de los segundos declararon haberse acostado con hambre, lo que evidencia que los progenitores priorizaban la alimentación de los hijos en detrimento de la suya propia.

Cabe señalar que la inseguridad alimentaria fue mayor en las familias aquellas con hijos de menor edad, posiblemente porque los hijos mayores contribuyen al cuidado de los pequeños y al mantenimiento de la familia. También resultaron más inseguros los hogares en los que la mujer carece de estudios o tiene sólo educación primaria.

El estudio visibiliza la doble carga de malnutrición asociada a la pobreza en las comunidades del Bajo Lempa y pone de relieve que algunos factores como la educación materna pueden ayudar a reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Las últimas inundaciones en junio de 2020 y la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, han supuesto un nuevo varapalo para la maltrecha economía de estas poblaciones. Lamentablemente, no podemos esperar que la situación mejore a corto plazo.

Roberto Pedrero Tomé es graduado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posgraduado en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humana por la UAM-UCM-UAH. En la actualidad cursa el Máster de Bioestadística y Bioinformática de la Universitat Oberta de Catalunya y realiza su Doctorado en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM con el Grupo de Investigación EPINUT. Su Tesis doctoral  (“Crecimiento y condición nutricional como expresión de seguridad alimentaria y calidad de vida en comunidades salvadoreñas del bajo Lempa”), de la que se deriva la presente contribución al Museo Virtual de Ecología Humana, se inserta en el marco de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo Sostenible (ref. 17/19, 18/11) promovido desde el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la UCM en colaboración con la Universidad Paracentral del Salvador y otras instituciones, como la Alcaldía de Tecoluca, la Fundación del Valle y la Asociación-Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES).