La ‘otra’ población de riesgo durante la crisis sanitaria COVID-19

El colectivo de personas en situación de vulnerabilidad social se ha visto fuertemente azotado por la actual crisis del COVID-19, no sólo porque su vulnerabilidad se haya extremado, sino también por el aumento de población en situación de riesgo de exclusión. Desde las entidades que damos apoyo a este colectivo hemos tratado de facilitar recursos materiales como es el caso del Banco de Alimentos, que a 21 de abril informaba de un incremento de un 31% de las peticiones para recibir alimentos de primera necesidad en la Comunidad de Madrid desde que comenzó el estado de alarma, el día 14 de marzo de 2020. Pero sobre todo hemos tratado de ser un apoyo emocional para las familias, que es, sin duda, lo que más han necesitado a nivel individual y familiar para poder enfrentarse a las dificultades de la situación.

En primer lugar, en relación a los ámbitos laboral y económico, en general y como indica el Estudio sobre confinamiento y salud en población infantil: ¿tiene la desigualdad social impacto en las condiciones en las que la población infantil está confinada y en su salud?, las familias con rentas más bajas suelen tener trabajos con menos flexibilidad horaria, lo que ha concluido en dos desenlaces durante el estado de alarma. Por un lado, el desempleo, haciendo que los ingresos familiares bajen bruscamente o sean nulos. Las familias en esta última situación han aumentado un 136% según el documento El primer impacto en las familias acompañadas por Cáritas. Por otro lado, en caso de seguir trabajando, ha supuesto un riesgo en sí mismo para la salud, ya que por lo general el desplazamiento suele ser a través de transporte público. Además, como afirman ambos informes mencionados, la vivienda ha jugado un papel muy importante durante el estado de alarma: aquellas familias con rentas más bajas tienden a vivir en casas más pequeñas, sin espacios abiertos, de menor calidad, en localizaciones de alta densidad de población y de forma hacinada. Esto hace complicado que se mantenga la distancia social de seguridad y además suele tener efectos negativos en la convivencia y conciliación familiar, y por tanto en el estado emocional de los individuos.  Además, relacionado con la caída de ingresos, una de cada cuatro familias se ha visto obligada a tener que abandonar su casa por la incapacidad de pagar la vivienda y los suministros, como refleja el informe de Cáritas mencionado.

En segundo lugar, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la brecha digital en las familias. Por un lado, la tramitación de ayudas y búsqueda de empleo vía telemática ha supuesto un obstáculo por la falta de habilidades informáticas. Por otro lado, los efectos en la educación: según el Instituto Nacional de Estadística, un 9,2% de las familias con rentas inferiores no tienen acceso a internet frente al 0,4% en las que los ingresos son mayores; la carencia de un ordenador es 20 veces mayor en el primer caso. En cambio, el acceso a móvil y televisión parece universal, por lo que ha sido por estas vías por las que se ha ido trabajando, pese a que el ordenador o la tableta sean más adecuados. Todo esto ha hecho que en muchos casos la adaptación al nuevo método telemático haya fracasado, afectando al nivel educativo de los menores de edad y agravando la brecha educativa que ya existía en nuestro sistema.

Finalmente, en relación a la salud psicoemocional, el miedo, la angustia o la incertidumbre son emociones a las que nos hemos enfrentado toda la población durante esta cuarentena y que probablemente tengan efectos psicológicos variables en intensidad y duración, como indica el mencionado estudio sobre confinamiento y salud en población infantil. Pero hay que tener en cuenta que este colectivo partía desde una situación mucho menos privilegiada a la que además hay que sumarle todo lo anterior y, en general, sin una red de apoyo con la que contar. Esto ha supuesto un gran estrés emocional y psicológico en el individuo y en el núcleo familiar, que han tenido, tienen y tendrán efectos tanto a nivel social como de bienestar.

¿Quién no se sabe ya cuáles son los factores de riesgo frente al COVID-19? Pues sí, la pobreza también lo es. Es un hecho que las enfermedades crónicas se desarrollan con mayor frecuencia en aquellas personas con menos recursos. El estado físico, psíquico y social depende en un 80% de los estilos de vida —según señala Julio Villalobos, investigador de la Universidad Abierta de Cataluña—, que están a su vez correlacionados con la situación socioeconómica, según numerosos informes, como el documento Propuestas al Programa Nacional de Reformas 2020-2021 elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, España) para la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. Esto es un ejemplo más de cómo el ámbito social puede afectar a nivel biológico, como expuso Barry Bogin en la Pieza de Mayo.

Sin embargo, el colectivo de personas vulnerables no ha aparecido de repente sino que ya existía antes de la pandemia. No ha sido una consecuencia del estado de alarma: es un problema estructural del sistema, la «pescadilla que se muerde la cola». Estas circunstancias mencionadas atentan contra varios derechos esenciales según la Declaración universal de los derechos humanos. Por tanto, debería ser responsabilidad del país democrático en el que viven asegurar los derechos humanos y el estado de bienestar. Para ello, ya hay propuestas para promover un desarrollo social y sostenible, como se exponen en el diagnóstico de EAPN-ES y la Plataforma del Tercer Sector mencionado. Propuestas necesarias no solo ahora, durante el estado de alarma (como se incluye en documentos recientes del gobierno de España) y época inmediatamente después, sino siempre.

Lidia Millán Fernández es graduada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, con experiencia en el campo de la Antropología Física y el Medioambiente. En la actualidad, es estudiante del máster on-line Biodiveristy, Wildlife and Ecosystem Health por la Universidad de Edinburgo, y trabajadora de la Asociación Valdeperales (Madrid, España)  coordinando el programa CaixaProInfancia en uno de los espacios que lleva la entidad, donde se ofrece apoyo a familias en riesgo de exclusión social.